{"id":914,"date":"2021-09-08T22:49:44","date_gmt":"2021-09-08T22:49:44","guid":{"rendered":"https:\/\/qcgtransferpricing.com\/es\/?p=914"},"modified":"2025-05-30T22:18:45","modified_gmt":"2025-05-31T04:18:45","slug":"la-desaparicion-del-esquema-de-outsourcing-en-mexico-y-su-efecto-en-el-regimen-de-precios-de-transferencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/qcgtransferpricing.com\/es\/blog\/la-desaparicion-del-esquema-de-outsourcing-en-mexico-y-su-efecto-en-el-regimen-de-precios-de-transferencia\/","title":{"rendered":"La desaparici\u00f3n del esquema de outsourcing en M\u00e9xico y su efecto en el r\u00e9gimen de precios de transferencia"},"content":{"rendered":"\n

Antecedentes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El 23 de abril del presente a\u00f1o, se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, el decreto mediante el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en la Ley Federal del Trabajo; de\u00a0la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del\u00a0C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n; de\u00a0la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado<\/strong>;\u00a0de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Art\u00edculo 123\u00a0Constitucional; y la Ley Reglamentaria de la Fracci\u00f3n XIII Bis del\u00a0Apartado B, del Art\u00edculo 123 de la\u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Subcontrataci\u00f3n Laboral.<\/p>\n\n\n\n

Este decreto, v\u00eda el art\u00edculo 12 de la Ley Federal del Trabajo (LFT)<\/strong>, proh\u00edbe la subcontrataci\u00f3n de personal, entendi\u00e9ndose como tal cuando una persona f\u00edsica o moral proporciona o pone a disposici\u00f3n trabajadores propios en beneficio de otra. De manera conexa a esta disposici\u00f3n de la LFT, el C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF) en su art\u00edculo 15-D extiende incluso esta prohibici\u00f3n a los casos en los que el contratante reciba servicios del contratista a trav\u00e9s de personal que haya laborado previamente para \u00e9l y hubieren sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

La \u00fanica subcontrataci\u00f3n permitida, seg\u00fan lo establece la propia LFT<\/strong> en su art\u00edculo 13, es la de servicios especializados o de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social de la compa\u00f1\u00eda receptora de los servicios, ni tampoco de su actividad econ\u00f3mica preponderante y el contratista est\u00e9 registrado en el padr\u00f3n p\u00fablico habilitado para estos efectos (ver REPSE STPS<\/a>) habiendo confirmado previamente estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social (art\u00edculo 15, LFT). Tambi\u00e9n se requiere que los servicios especializados se formalicen mediante contrato, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 14 de la LFT<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En materia de operaciones intragrupo, el art\u00edculo 13 de la LFT<\/strong> establece que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial<\/em>, ser\u00e1n considerados servicios especializados siempre y cuando cumplan con los requisitos generales de no ser parte del objeto social del receptor del servicio o formar parte de su actividad econ\u00f3mica preponderante y (se presupone) cuenten con el registro en el REPSE de la STPS. La LFT<\/strong> considera como \u201cgrupo\u201d lo que establece la Ley del Mercado de Valores en su art\u00edculo 2, fracci\u00f3n X: \u201cGrupo empresarial, es el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participaci\u00f3n directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se considerar\u00e1n como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la reforma propuesta en el art\u00edculo 127 de la LFT propone que los empleados participen de las utilidades de las empresas para las que laboran hasta en tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participaci\u00f3n recibida en los \u00faltimos tres a\u00f1os, lo que resulte m\u00e1s favorable.<\/p>\n\n\n\n

Implicaciones en materia fiscal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La reforma enviada por el Ejecutivo Federal es en principio de car\u00e1cter laboral. En este \u00e1mbito y con el prop\u00f3sito de desincentivar el empleo de esquemas de outsourcing de personal, la LFT en su art\u00edculo 1004-C establece sanciones importantes, destac\u00e1ndose multas de 2,000 a 50,000 unidades de medida y actualizaci\u00f3n (UMAS) a quien persista en actividades de subcontrataci\u00f3n de personal o no obtenga el registro en el REPSE de la STPS<\/strong>. Asimismo, impedir la inspecci\u00f3n o vigilancia de las autoridades en el centro de trabajo trae consigo sanciones que van de las 250 a las 5000 UMAS seg\u00fan el art\u00edculo 1004 de la LFT.\u00a0 (el valor de la UMA para 2021 es de 89.62 pesos diarios).<\/p>\n\n\n\n

No obstante lo anterior, las sanciones m\u00e1s importantes no son de car\u00e1cter laboral, sino fiscal. El CFF en su art\u00edculo 15-D establece que los contribuyentes que contraten servicios especializados se ver\u00e1n imposibilitados de deducir para efectos de impuesto sobre la renta, o de acreditar para efectos del impuesto al valor agregado los importes que provengan de operaciones de subcontrataci\u00f3n de personal o servicios especializados no registrados.<\/p>\n\n\n\n

\u00a0La deducci\u00f3n de los gastos para efectos de impuesto sobre la renta se puede ver incluso condicionada si el receptor de los servicios no constata que el prestador haya satisfecho los requisitos establecidos en el art\u00edculo 27-V de la LISR<\/strong>: 1) Registro requerido por el art\u00edculo 15 de la LFT -el registro en el padr\u00f3n de la STPS, \u201cREPSE\u201d, 2) Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que se haya proporcionado el servicio u obra correspondiente, 3) El recibo de pago expedido por instituci\u00f3n bancaria por la declaraci\u00f3n de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, 4) Copia del pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y; 5) Pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Si los prestadores de servicios especializados incumpliesen sus obligaciones de entrega de documentaci\u00f3n se ver\u00edan adem\u00e1s expuestos a las sanciones establecidas en los art\u00edculos 81 y 82 del CFF, es decir entre $150,000 y $300,000 por cada uno de los puntos previamente mencionados en la fracci\u00f3n V del art\u00edculo 27.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, el contribuyente receptor de los servicios se ver\u00e1 tambi\u00e9n imposibilitado de acreditar el IVA de las operaciones si igualmente no \u00a0considera los requisitos establecidos por el art\u00edculo 5 de la LIVA<\/strong> y obtiene del prestador de los servicios: 1) El registro ante el REPSE de la STPS, 2) copia de la declaraci\u00f3n del IVA y del acuse de recibo del pago correspondiente al per\u00edodo en que el contratante efect\u00fao el pago de la contraprestaci\u00f3n y del IVA que le fue trasladado, 3)\u00a0 copia de la documentaci\u00f3n mencionada a m\u00e1s tardar el \u00faltimo d\u00eda del mes siguiente a aqu\u00e9l en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestaci\u00f3n por el servicio recibido y el IVA que se le haya trasladado. Hay que considerar que en caso de que el contratante no recabe la documentaci\u00f3n deber\u00e1 presentar declaraci\u00f3n complementaria en la que se disminuyan los montos que se hubiesen acreditado por dicho concepto.<\/p>\n\n\n\n

Es importante considerar que para hacer m\u00e1s evidente la intenci\u00f3n de las autoridades, la reforma modifica el art\u00edculo 75 del CFF para considerar como agravante en la comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n realizar la deducci\u00f3n o acreditamiento de operaciones de subcontrataci\u00f3n de personal, en los t\u00e9rminos establecidos por los art\u00edculos 28-XXXIII de la LISR y 4\u00ba tercer p\u00e1rrafo de la LIVA<\/strong>. Finalmente, se reforma el art\u00edculo 108, i) del \u00a0C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n para tipificar como delito de defraudaci\u00f3n fiscal el uso de esquemas simulados de prestaci\u00f3n de servicios especializados o la ejecuci\u00f3n de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad econ\u00f3mica preponderante, o cuando inclusive (y en concordancia con la norma general) se presten servicios de personal con empleados que hayan sido originalmente empleados del contratante y hayan sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, hay que considerar que la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo Federal tendr\u00e1 efecto en el CFF, la LISR y la LIVA el 1\u00ba de agosto de 2021, con una pr\u00f3rroga hasta el 1 de septiembre de 2021.<\/p>\n\n\n\n

Principales implicaciones en materia de precios de transferencia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Es claro que ante la reforma en materia de outsourcing una gran cantidad de grupos empresariales en M\u00e9xico se ver\u00e1n ante la disyuntiva de entrar en esquemas de sustituci\u00f3n patronal, fusi\u00f3n o escisi\u00f3n. Cada una de estas opciones tiene diversas implicaciones en materia de precios<\/strong> de transferencia. Com\u00fanmente en operaciones de sustituci\u00f3n patronal se estar\u00e1n presentando casos de enajenaci\u00f3n de activos tangibles para atender al requerimiento establecido en los art\u00edculos 41 de la LFT, as\u00ed como el art\u00edculo 4to transitorio del decreto de la reforma. En estos casos no deber\u00eda presentarse mayor complejidad, puesto que la transmisi\u00f3n de activos tangibles deber\u00eda ser resuelta a trav\u00e9s de la instrumentaci\u00f3n del m\u00e9todo de precio comparable no controlado (MPC, LISR 180-I), en comparaci\u00f3n a los precios<\/strong> o montos de contraprestaciones pactados en operaciones de enajenaci\u00f3n de bienes comparables a los que ser\u00edan objeto de la operaci\u00f3n intercompa\u00f1\u00eda. Dif\u00edcilmente se podr\u00eda dar el caso de enajenaci\u00f3n de activos intangibles generados por equipos de trabajo especializados, porque esto presupondr\u00eda que la entidad enajenante no se limit\u00f3 a desarrollar actividades de reclutamiento, selecci\u00f3n, capacitaci\u00f3n y reubicaci\u00f3n, propias de una compa\u00f1\u00eda prestadora de servicios de personal, sino que sus actividades\u00a0 incluso le permitieron el desarrollo de propiedad intelectual por lo \u00a0que seguramente en el caso de una revisi\u00f3n de precios de transferencia se detonar\u00eda un ajuste a la base gravable para reconocer una remuneraci\u00f3n adecuada por dichas actividades, contingencia que permanecer\u00eda hasta que se extinguieran las facultades de comprobaci\u00f3n de las autoridades fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, el mayor efecto visible de la reforma laboral en materia de precios de transferencia<\/strong> tiene que ver con los casos en los que las excompa\u00f1\u00edas prestadoras de servicios de personal decidan reconvertirse en empresas de servicios especializados v\u00eda sustituci\u00f3n patronal en atenci\u00f3n a lo dispuesto por el art\u00edculo 7\u00ba transitorio de la reforma (operaci\u00f3n que por cierto no deber\u00eda considerarse una reestructura empresarial y por tanto ser sujeta a un esquema reportable en los t\u00e9rminos requeridos por el t\u00edtulo VI del CFF y de la acci\u00f3n 12 del plan BEPS puesto que no hay prop\u00f3sito fiscal perseguido por el contribuyente). En estos casos y en primera instancia, resultar\u00e1 de primordial importancia la alineaci\u00f3n de los objetos sociales de las compa\u00f1\u00edas pertenecientes al grupo empresarial, en donde no debe existir concurrencia entre sus objetos sociales y\/o actividad econ\u00f3mica preponderante. Idealmente, el receptor de los servicios deber\u00eda identificar con precisi\u00f3n cu\u00e1les ser\u00e1n sus actividades (v.gr. comercializaci\u00f3n mayorista de bienes durables, manufactura de partes automotrices) y alinear su estrategia, funciones, activos y riesgos a dicho objeto social. Lo mismo deber\u00eda suceder con las compa\u00f1\u00edas prestadoras de servicios especializados que por exclusi\u00f3n al objeto social de la parte contratante, deber\u00edan \u00e9stas limitar a su vez su objeto social y en consecuencia funciones, activos y riesgos a las actividades de soporte que sean necesarias al receptor de los servicios (recursos humanos, tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n, soporte legal, etc).<\/p>\n\n\n\n

La caracterizaci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas prestadoras de servicios especializados tendr\u00e1 un efecto inmediato en la utilidad que les deba ser atribuida y por tanto en el pago de la PTU de los trabajadores que conserve. En este sentido, es importante recordar que a mayores funciones, activos y riesgos, mayor rendimiento y que inclusive, si la compa\u00f1\u00eda prestadora de servicios especializados presta servicios de diferente naturaleza (v.gr. administraci\u00f3n de tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n vs soporte legal) se estar\u00eda actualizando el requerimiento de an\u00e1lisis transaccional previsto en el art\u00edculo 76-IX, b), c) y d) de la LISR a menos que de manera preliminar se defina adecuadamente el alcance de los servicios prestados y la distribuci\u00f3n de riesgos entre las partes contratantes, misma que debe ser establecida de manera contractual.<\/p>\n\n\n\n

Hablando de t\u00e9rminos contractuales, los contribuyentes estar\u00e1n en la obligaci\u00f3n de formalizar el contrato de servicios especializados ante la STPS seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 14 de la LFT. Por ser \u00e9ste un contrato entre partes relacionadas, adem\u00e1s de los datos requeridos por la LFT (objeto de los servicios u obra a ejecutar, n\u00famero de trabajadores que participar\u00e1n en el desarrollo de las actividades, n\u00famero de registro del prestador de servicios ante la STPS), el contrato deber\u00e1 observar la din\u00e1mica de negociaci\u00f3n que acordar\u00edan terceros independientes en operaciones comparables, inclusive considerando una adecuada descripci\u00f3n de las actividades que ejecutar\u00e1n las partes en seguimiento a las obligaciones contra\u00eddas, los recursos que emplear\u00e1n y los riesgos que ser\u00e1n asumidos por cada una de ellas, en el entendido de que las partes contratantes cuentan con la capacidad econ\u00f3mica para enfrentar la eventual materializaci\u00f3n de estos riesgos, tal y como es sugerido por los lineamientos de precios de transferencia de la OCDE<\/strong> en su secci\u00f3n 1.D.1. (es necesario hacer esta aclaraci\u00f3n, porque seg\u00fan lo dispone la propia LISR en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 179, los lineamientos son considerados para la interpretaci\u00f3n del r\u00e9gimen de precios de transferencia <\/strong>en M\u00e9xico).<\/p>\n\n\n\n

Otro importante efecto que considerar es el derivado de la reciente reforma penal-fiscal aprobada en M\u00e9xico. Dado que la reforma busca castigar la simulaci\u00f3n absoluta o relativa en los t\u00e9rminos previstos por el art\u00edculo 108 del CFF, es necesario confirmar que los prestadores de servicios especializados cuenten con la experiencia, infraestructura, recursos necesarios para la prestaci\u00f3n del servicio que ser\u00e1 parte de su objeto social. En este sentido, el an\u00e1lisis de precios de transferencia<\/strong> ser\u00e1 de vital importancia para asistir a los contribuyentes en la adecuada organizaci\u00f3n de sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente y de manera no menos importante, es necesario considerar que en los casos en los que no se vaya a dar la sustituci\u00f3n patronal y se consideran operaciones de fusi\u00f3n y escisi\u00f3n es previsible que se den casos en los que sea necesaria la enajenaci\u00f3n de acciones, previa valorizaci\u00f3n arm\u00b4s length de las mismas, operaciones en las que tambi\u00e9n debiera considerase el MPC como el mejor m\u00e9todo para el an\u00e1lisis de este tipo de operaciones<\/p>\n\n\n\n

Comentarios finales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Como se ha se\u00f1alado, la reforma requerir\u00e1 esfuerzos importantes a los contribuyentes para adecuarse a sus requerimientos. Es comprensible que los contribuyentes se enfoquen en las aristas laborales y fiscales de la misma, pero hay que enfatizar que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones en materia de precios de transferencia<\/strong> en tiempo y forma, ya que la ausencia de documentaci\u00f3n comprobatoria en materia de precios de transferencia<\/strong> desde el punto de vista de las autoridades y tribunales, puede conducir a la p\u00e9rdida de la deducci\u00f3n del gasto intercompa\u00f1\u00eda, considerando que no reunir\u00eda los requisitos previstos en el art\u00edculo 27 de la LISR en sus fracciones V (requisitos de deducci\u00f3n para las operaciones con partes relacionadas extranjeras) y\u00a0\u00a0XVIII (plazo para reunir los requisitos que para cada deducci\u00f3n en particular establece la Ley). En el caso de que le sea determinada utilidad fiscal, dicha utilidad ser\u00eda considerada dividendo ficto (LISR 140-VI). Finalmente, y por el mecanismo dispuesto en el art\u00edculo 5 de la LIVA, perder\u00eda la posibilidad de acreditar el IVA asociado a las partidas intercompa\u00f1\u00eda rechazadas en deducci\u00f3n para efectos de ISR. Por otro lado, errores en la delineaci\u00f3n de la operaci\u00f3n llevar\u00edan a una eventual modificaci\u00f3n de la base gravable en los t\u00e9rminos previstos por los art\u00edculos 90\u00a0pen\u00faltimo p\u00e1rrafo y 179 segundo p\u00e1rrafo de la LISR. \u00a0Es decir, si el contribuyente asigna indebidamente el modelo de negocios, y esto deriva en una menor base gravable estar\u00eda sujeto a una recaracterizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n para que refleje los precios y montos de contraprestaciones que habr\u00edan sido considerados por terceros independientes o, inclusive, en el peor de los casos, a la aplicaci\u00f3n de los supuestos previstos en el art\u00edculo 5-A del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n en ausencia de una raz\u00f3n de negocios.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo publicado en la revista IDC Asesor Fiscal Jur\u00eddico y Laboral 492, y reproducido en la Edici\u00f3n Especial de Subcontrataci\u00f3n, Agosto 2021<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

[1]<\/a> Jes\u00fas Aldrin Rojas M. LC, MBA, MGM, Perito en materia de precios de transferencia en el Consejo de la Judicatura Federal, M\u00e9xico. Socio l\u00edder, QCG Transfer Pricing Practice<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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